La Ley Solidaria no contiene las garantías necesarias para la ciudadanía
- Por: Edwin Inga
- 27 may 2016
- 2 Min. de lectura
La Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción de las zonas afectadas por el Terremoto, como una alternativa económica que permita reconstruir las ciudades afectadas por el sismo del 16 de abril, no contiene las garantías necesarias para la ciudadanía.
En el contexto ecuatoriano, con la caída del precio del petróleo, junto con la apreciación del dólar y el notorio gasto del Estado, en donde no se guardaron fondos para las situaciones de crisis, la Ley Solidaria, es una alternativa que el Gobierno ha considerado como opción para que no se produzcan inconvenientes con la economía.
Pero no hay que olvidar la subida del Impuesto a los Consumos Especiales adoptado en la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, aprobado el pasado 26 de abril y que tiene como objetivo ayudar al equilibrio de la economía ecuatoriana.
Cabe destacar que en la situación actual del país, el alza de precios a los Consumos Especiales genera otro tipo de inconvenientes. Fue adecuada la decisión de subir el impuesto a productos considerados como nocivos como las gaseosas o los cigarrillos. Sin embargo, es prudente que el Estado brinde garantías de subsistencia hacia los minoristas que se sustentan con la venta de estos productos
Ahora, la subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), principal reforma de la Ley Solidaria que estará vigente desde junio, traerá inminentes problemas para la economía familiar, quienes no podrán acceder a los bienes, y que traerá una serie de conflictos de una economía encarecida.
Los pequeños negociantes también serán afectados, ya que muchos de los productos que comercializan contienes este gravamen que sube del 12 al 14%.
Para las industrias el problema es el mismo, solo que en cantidades abrumadoras. Las industrias tendrán que sobresalir en un ambiente de salvaguardias y en donde sus productos no están al alcance de la población. Muchos de estos posiblemente tengan que cerrar.
En sí el problema radica en que la gente tendrá más problemas para acceder a los bienes y no podrán demandar de ellos. La oferta se hace cada vez mayor y se puede dar un desequilibrio económico que en vez de ayudar a la situación actual, puede perjudicarlo.
Con la mencionada economía encarecida, es necesario preguntarse si el Estado está consciente de las repercusiones de la nueva Ley, y si está en condiciones de lidiar con los problemas posteriores, en donde es necesario que se informe adecuadamente a la ciudadanía sobre los productos que contendrán este incremento. Además se debe constatar que en el mercado no se dé especulación en los precios.
Es así que, la Ley no concede las garantías que la ciudadanía necesita, por lo que es indispensable tomar en cuenta las repercusiones del caso.
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